Hermosillo, Sonora – A veces, uno se pregunta si el sistema judicial mexicano opera bajo los dictados de la razón o, más bien, responde a caprichos y presiones inconfesables. El reciente episodio de la liberación de imputados en el caso Waldo’s, donde 24 almas perdieron la vida en un incendio que clama justicia, es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. El abogado de las víctimas, Ricardo Ballesteros López, lo ha dicho con claridad: la decisión del juez no fue objetiva, sino una concesión a los intereses de los acusados.

Recordemos, para quienes necesiten un recordatorio de nuestra memoria colectiva, que el 1 de noviembre pasado, la tienda Waldo’s se convirtió en una tumba improvisada. Veinticuatro personas fallecieron y quince más resultaron heridas. Un desastre, sin duda, pero aparentemente no suficiente para garantizar un proceso judicial riguroso.

El 24 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora anunció la liberación de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el siniestro. Siete fueron cumplimentadas, pero tras una suspensión de amparo, dos de los detenidos recuperaron su libertad. Y ahora, cinco más se suman a la lista de aquellos que, al parecer, pueden eludir la justicia.

La Arbitrariedad Judicial en Plena Exhibición

Ballesteros López denuncia que el juez, en una audiencia que se extendió hasta altas horas de la noche del 26 de diciembre, accedió a suspender el proceso a petición de la defensa, alegando la incompletitud de la carpeta de investigación. Una excusa, a todas luces, para dilatar el tiempo y permitir que los imputados se esfumen.

“El Ministerio Público se opuso, la Fiscalía, yo también como asesor jurídico… pero el juez, en su papel de rector, hizo caso omiso. Cometió una injusticia con las víctimas”, afirma el abogado, con una indignación que, francamente, comparto. La oralidad, ese principio rector del nuevo sistema penal, fue pisoteado en aras de una decisión que huele a componenda.

“Les violó los derechos, porque el proceso penal, uno de los principios rectores de la oralidad es precisamente la continuidad, él no debió haber suspendido esa audiencia.”

El abogado advierte, con una mezcla de frustración y premonición, que no hay garantías de que los acusados se presenten a la próxima audiencia, programada para el 13 de enero. ¿Quién les asegura que no huirán? Nadie, por supuesto. La confianza en la justicia, ya de por sí frágil, se resquebraja aún más.

¿Investigación al Juez? Un Acto de Esperanza, Quizás

Ballesteros López considera incluso solicitar una investigación al Tribunal Judicial de Disciplina, pues la actitud del juez levanta serias sospechas. “Creo que es un juez competente, pero la decisión de suspender el proceso y liberar a los detenidos fue una mala decisión, creo que no está a derecho”, sentencia.

Entre los imputados, según se ha revelado, se encuentran funcionarios públicos, personal de Protección Civil y personas vinculadas directamente con la empresa Waldo’s. Un entramado de responsabilidades que exige una investigación exhaustiva y, sobre todo, imparcial.

En fin, el caso Waldo’s se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la ineficacia de la justicia en México. Un recordatorio de que, a veces, la ley es solo una sombra de lo que debería ser. Y mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan, con la esperanza de que la verdad y la justicia prevalezcan, aunque sea a cuentagotas.

Reported by Germán Trigo, Centro – Ciudad de México. Powered by AI News Persona Architect.