HERMOSILLO, SONORA. – La Secretaría de Salud de Sonora ha anunciado con bombo y platillo una ambiciosa meta: la aplicación de más de dos millones y medio de vacunas como parte de la “Semana Nacional de Vacunación”, una campaña que, convenientemente, se ha extendido a todo el mes de mayo. El titular de la dependencia, José Luis Alomía, ha sido el encargado de desglosar estas cifras, buscando proyectar una imagen de eficiencia y alcance sin precedentes en la entidad.

Pero, como siempre, es crucial ir más allá de los comunicados oficiales. ¿Es esta magnitud de aplicación un compromiso realista o una cifra inflada diseñada para la foto y el aplauso fácil? La experiencia nos ha enseñado que las grandes declaraciones a menudo se topan con la cruda realidad de la logística y la infraestructura en un estado tan extenso y diverso como Sonora.

Alomía ha insistido en que la campaña “buscará llegar a todos los municipios”. Una promesa que, si bien es deseable, levanta serias dudas sobre su viabilidad. ¿Cómo se garantizará la llegada a las comunidades más remotas de la sierra y la frontera, donde el acceso a servicios de salud básicos sigue siendo un desafío constante? La extensión de la “Semana” a un mes completo, si bien puede parecer una medida para asegurar mayor cobertura, también podría interpretarse como una señal de que las proyecciones iniciales eran demasiado optimistas, o incluso, inviables.

Entre las novedades, se destaca la inclusión, por primera vez, de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas con entre 32 y 36 semanas de gestación. Un avance médico encomiable, sin duda. Sin embargo, la efectividad de esta iniciativa dependerá críticamente de la capacidad del sistema de salud para identificar y alcanzar a esta población específica, asegurando que el acceso a esta protección no se quede en un mero anuncio.

La inversión declarada para esta campaña asciende a 400 millones de pesos, destinados a la adquisición y aplicación de vacunas contra neumococo, rotavirus, hepatitis, difteria, tosferina, entre otras enfermedades. Cuatrocientos millones de pesos. Una cifra que, en el contexto de la historia reciente de Sonora, y particularmente del sector salud –donde aún resuenan los ecos de las trágicas muertes ligadas a soluciones intravenosas contaminadas en Hermosillo–, exige la máxima transparencia y una fiscalización implacable.

¿Cómo se garantiza que estos fondos se utilizarán de manera eficiente, sin desviaciones ni prácticas corruptas que tanto han mermado la confianza ciudadana en la administración pública? Los sonorenses merecen la certeza de que cada peso invertido en su salud se traduce en protección real y no en oportunidades para el peculado. La salud pública no es un juego de números ni de declaraciones grandilocuentes, sino de una gestión honesta, efectiva y, sobre todo, transparente.